Deudas de casa impagables

Carlos Águila Arreola
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Miércoles 5 de septiembre, 2016

En Quintana Roo, 345 mil familias enfrentan juicios de desahucio o desposesión y están en riesgo de perder sus casas por transacciones fraudulentas, debido a que los créditos que contrataron con usureros o anatocistas, son impagables, denunció el jurista José Luis González Navarro, presidente de la asociación civil Abogados de Cancún.

En entrevista con La Jornada Maya, el litigante exhortó, a quien tenga planes inmediatos de adquirir una vivienda, para buscar la asesoría y orientación de los especialistas en derecho y no ser sorprendidos con créditos imposibles de pagar. En el caso de la agrupación que preside, los servicios son gratuitos.

De acuerdo con las cifras del último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la última década se construyeron más de 345 mil casas de interés social, en el municipio de Benito Juárez, de las cuales, casi el 50 por ciento se vendieron mediante empréstitos usureros.

“En los últimos 10 años se disparó el número de usuarios de créditos hipotecarios; en ese caso, las Udis (unidades de inversión) protegían a los inversionistas y no a los acreditados; ahora, muchos van a quedarse sin casa, por los juicios hipotecarios especiales o mercantiles. Se trata de mil 700 familias afectadas”, explicó el abogado.

Aclaró que el número de afectados prácticamente se duplica si se habla de los 11 municipios de la entidad; es decir, “estarían en riesgo de perder su patrimonio un mínimo de 345 mil familias, que serían desalojadas en juicios de desahucio o desposesión del inmueble, debido a que no pueden pagar los intereses sobre intereses”.

González Navarro señaló que actualmente el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que se supone se encarga de garantizar casas dignas a los mexicanos, es uno de los principales acreedores y presiona para cumplimentar alrededor de 300 desalojos en la entidad, contra gente imposibilitada para pagar.

“Lo mismo está sucediendo con los automóviles y terrenos, aunque son menos; pero también estoy seguro de que los casos se van a incrementar por la misma razón: la gente no tiene dinero para pagar créditos que se vuelven impagables”, sostuvo el litigante.

Por ley los nuevos compradores de vivienda deben ser acompañados por un abogado al momento de la compraventa, para certificar que no está siendo víctima de un fraude, por parte de alguna hipotecaria o, bien, por una transacción donde, a pesar de que se paga, no reciban el inmueble; o, simplemente, que el vendedor desaparezca.

“De acuerdo con la ley inmobiliaria de Quintana Roo, ya no se puede engañar al comprador ofreciéndole créditos con la promesa de que “subirán conforme al salario mínimo”.

La Ley estatal de Prestación de Servicios Inmobiliarios faculta a los abogados a dar asesoría, consultoría o representación jurídica en la transacción, y pueden llevar a juicio penal a la inmobiliaria que no esté matriculada y asesores que no estén certificados; como peritos en leyes pueden y deben estar presentes para dar certeza al comprador.