Por la gravedad de la vulneración de los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya atrajo el caso de José Eduardo, quien fue detenido por la Policía Municipal de Mérida, y presuntamente torturado, asesinado y agredido sexualmente por elementos de esta corporación, confirmó Gustavo Arjona Canto, secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey).
La Codhey envió los documentos originales del expediente y las investigaciones que han realizado sobre el caso de José Eduardo a la CNDH, indicó.
Como informamos, la Codhey hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán, al Poder Judicial, a la Policía de Mérida, a la Secretaría de Salud y en general a todas las autoridades correspondientes, para realizar de manera urgente todas las acciones necesarias para esclarecer la muerte de la víctima, con especial atención a la relación de este suceso con actos discriminatorios y la afectación a su dignidad.
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El viernes 13 de agosto, luego de que el juez de control del Primer Distrito Judicial, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, determinó liberar a los cuatro policías detenidos por su presunta participación en la muerte de José Eduardo en Mérida, fueron filtradas videograbaciones que muestran parte de la detención del joven y su llegada a las instalaciones de la corporación.
En las imágenes se pudo observar que José Eduardo estaba en la parte trasera del vehículo boca abajo, con las dos manos cruzadas en la parte atrás de su espalda; los oficiales lo someten para que descienda de la patrulla, y varios le colocan sus manos en su nuca.
Además de dejarlo el piso varios minutos, un oficial coloca su rodilla en el cuerpo del joven en varias ocasiones, y lo arrastran de manos y pies por el suelo hasta dejarlo en su celda.
El 16 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la posibilidad de presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para investigar el caso de José Eduardo Ravelo.
El 30 de julio, según expuso Arjona Canto, Dora Maria Ravelo, madre del joven, acudió al organismo autónomo estatal para presentar una queja en contra de la dependencia y de la Secretaria de Salud, porque personal médico del Hospital General Agustín O'Horán presuntamente ofreció una mala atención y malos tratos a José Eduardo, señaló.
A partir de ahí realizaron diversas diligencias, donde pidieron un informe a la Policía Municipal y al sector Salud, posteriormente pasaron toda la documentación al área de Visitaduría, donde calificaron estos actos como violaciones a los derechos humanos, tortura, vulneración del derecho a la vida, detención arbitraria.
Entonces, agregó, pidieron nuevamente informes adicionales, además llevaron a cabo entrevistas a personas que se encontraban en el lugar donde ocurrió la detención de la víctima. El 18 de agosto, recibieron un acuerdo por parte de la CNDH, la cual ejerce su facultad de atracción. “Una atribución constitucional que tiene la Comisión Nacional para casos que cobran una relevancia social, política o por la gravedad de la vulneración de los derechos humanos”, indicó.
Ahora lo que procede, de acuerdo con Gustavo Arjona, es que todas las investigaciones de la Codhey y los elementos para determinar las violaciones a los derechos humanos, sean enviados a la CNDH.
Para el funcionario de la Codhey, esto se debe a que el tema “ha sido muy sonado” a nivel nacional, además que constituyen violaciones graves que involucran a elementos de la seguridad pública, señaló.
“Ahora le va tocar a la CNDH conocer y valorar si se acredita que se cometieron violaciones a derechos humanos. Nosotros ya no podemos pedir informes a las autoridades, a menos que dicho organismo nos pidan ayuda para las diligencias”, subrayó el secretario.
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