Este 25 de agosto, por tercera ocasión, el Congreso del Estado de Yucatán sometió a votación el matrimonio igualitario, con un resultado histórico: con 20 votos a favor y 5 en contra.
Con esto, el Artículo 94 de la Constitución de Yucatán, ya no considera únicamente el matrimonio y el concubinato entre hombre y mujer, sino entre dos personas, abriendo la posibilidad a parejas del mismo sexo.
En las dos ocasiones anteriores, la votación del Congreso fue de forma cerrada, sin que la ciudadanía pudiera tener conocimiento de los votos efectuados por su diputación, situación que derivó en dos amparos, emitidos desde organizaciones civiles e integrantes de la comunidad LGBTTTI, quienes defienden este tipo de derechos.
Fue el 10 de abril de 2019 cuando por primera vez el Pleno yucateco votó de esta forma privada, situación que repitieron, en el mismo año, el 15 de julio; aunque ya activistas en favor de los derechos de la comunidad para las orientaciones e identidades sexuales, les había solicitado ser transparentes con la ciudadanía.
De dicha situación, con los dos amparos derivados, el pasado 18 de agosto del año actual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la votación y dictaminó reparar los hechos; por lo cual, en esta ocasión, por primera vez, la Legislatura LXII votó de forma abierta y transparente con la ciudadanía.
Karla Franco Blanco, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, en tribuna visibilizó que la aprobación de esta unión elimina barreras discriminatorias de desigualdad y exclusión, por lo cual, por tercera ocasión solicitaron, desde su comisión, un voto a favor del tema.
“La igualdad de derechos y la prohibición de la discriminación son dos principios fundamentales previstos en nuestra carta magna”, reconoció también que, al aceptarlo, no solamente es un avance y eliminación de barreras para las personas, sino alcanzar lo que la nación ya ha solicitado.
También la diputada Milagros Romero Bastarrachea, pidió levantar la voz, siendo una de las que promovió esta iniciativa, junto con la diputada Silvia López Escoffié, para el voto por el matrimonio igualitario en tercera ocasión.
Una de las razones que enlistó para votar en favor de esta unión es que “es lo legalmente correcto”, basándose en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pero, al mismo tiempo, expresó que “todas y todos cabemos con los mismos derechos”.
“Hoy, que no les quepa duda, vamos a hacer historia, ¿cuál? La que la mayoría quiera”, expresó cuando solicitaba el voto en favor del tema, señalando que 21 estados ya han realizado esta aprobación.
La diputada también tomó el momento para recordar a las personas de la comunidad LGBTTTI, quienes no pudieron estar en persona para este hecho histórico.
“No se trata de lo que me gusta o lo que quiero, sino que las exigencias de la sociedad hay que irlas analizando e irlas aprobando”, señaló el diputado del Partido Nueva Alianza, Luis María Aguilar Castillo, asegurando, el tema no tiene nada que ver con la moral, por lo cual solicitó no dividir a la sociedad en buenos y malos, “dice la biblia que le debemos dar a nuestros hermanos lo que les corresponde y esta parte les corresponde”.
La diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Partido Acción Nacional (PAN) expresó que errar es de humanos, pero rectificar es de sabios y, con eso, apunta que negar este derecho representaba negar seguridad social, entre muchos otros derechos que permite la figura jurídica del matrimonio, por lo cual le pedía a sus compañeras diputadas y diputados, su voto a favor.
“He vivido con la creencia de que no es correcta la unión de un hombre con otro hombre o la unión de una mujer con otra mujer, sin embargo, hay un derecho que existe: la libertad de expresión y el libre albedrío; cada quien tiene el derecho de escoger la manera de como quiera y con quiera vivir”, el diputado, Luis Hermelindo Loeza Pacheco, con esto, expresó sus ideales.
Este día también se aprobó en el pleno sancionar las terapias de conversiones por orientación sexual en el estado, hasta con tres años de cárcel para quien las aplique. Dicha pena podría duplicarse en caso de que la víctima sea menor de edad.
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Edición: Laura Espejo
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