43 por ciento de mujeres indígenas en prisión, por vínculos con el crimen organizado

En México, ser mujer indígena que no habla español representa un mayor riesgo a vulneraciones y peligros: 43 por ciento de las integrantes de comunidades originarias en prisión fueron procesadas por temas relacionados con el crimen organizado, revelan datos de Reinserta. 

“Esto habla de la criminalización y vulneración de este sector de la sociedad. Son mujeres que vienen de comunidades rurales, campesinas, que son usadas para transportar drogas principalmente”, indicó Saskia Niño de  Rivera, fundadora de la agrupación.  

De acuerdo con la activista, estas no son mujeres que ingresen conscientemente al narcotráfico, sino que por la situación en la que se encuentran son orilladas a involucrarse en este mundo. “Muchas trabajan la tierra, son campesinas, son obligadas y otras están en búsqueda de mejores oportunidades y son usadas para mover droga de un punto a otro”, indicó. 

Muchas de las mujeres indígenas no reciben un traductor o intérprete durante su proceso legal, lo que constituye una violación a sus derechos. Además, se les mete a la cárcel sólo para cumplir con una cifra que refleje el combate al crimen organizado. 

La activista recalcó que estas acciones no afectan la estructura criminal. “Son golpes de suerte sin el entendimiento de la vulnerabilidad en la cual se encuentran estas mujeres”, manifestó. 

En el país, de acuerdo con Saskia, la mujer sufre condenas en promedio de 6 años mayores a la de los hombres por el mismo delito, y pagan alrededor de 50 mil pesos más por un abogado privado para su defensa, a diferencia de los hombres.  Esto significa que hay una doble vulneración, y si se trata de una mujer indígena que no habla el español, el panorama es peor. 

De acuerdo con el Diagnóstico Sobre la Percepción del Desempeño de la Defensoría Penal en México, realizado por Reinserta en 2020, 27 por ciento de las mujeres encuestadas cree que su abogado no hizo un buen trabajo; 18.3 por ciento dice que era de oficio y se lo cambiaron sin que ella pudiera intervenir y 12.3 por ciento cree que “solo me usó por dinero”. 47 por ciento dijo que su abogado no se cercioró de que no hubiesen recibido golpes o amenazas en algún momento del proceso y 36 por ciento de las mujeres encuestadas no conocieron a su abogado defensor.

Ley Amnistía, una falsedad 

La activista indicó que la mayoría de las mujeres indígenas están en prisión por delitos del fuero común, cuando la Ley de Amnistía contempla delitos del fuero federal, por lo que tienen que contratar a  abogados privados para poder ser beneficiarias de este decreto. 

Por lo tanto, consideró  que esta ley no está beneficiando a este sector, pues hay un “cuello de botella”. La gente no tiene acceso a poder pagarle a un abogado para que hagan los tramites que les puedan dar el beneficio de ser elegibles para salir de la cárcel o que garantice que se violó su debido proceso. 

Y los abogados defensores de oficio que hay están rebasados por los casos que existen y no están ayudando a estas mujeres.

Ninguna mujer ha sido beneficiada 

Fatima Gamboa, co directora ejecutiva de Equis Justicia para las Mujeres, coincidió que a pesar de que en abril de 2020 se aprobó la Ley de Amnistía, “el Estado le está fallando a la sociedad, sobre todo a los miembros de los pueblos indígenas y a personas con discapacidad, porque hasta ahora no ha sido liberada ninguna persona de estos grupos”.  

Además, dijo que han sido procedentes 38 casos de amnistía y se han declarado improcedentes 169 casos, pero también “sabemos por estimaciones que los posibles beneficarios de amnistía pueden ser más de 4 mil personas, lo cual nos indica que hace falta generar más esfuerzos para que este mecanismo pueda ser una realidad”.

Añadió que la denuncia principal es la actuación que ha tenido la Comisión Amnistía. 

“Hemos documentado cómo la Comisión de Amnistía, encargada de integrar los expedientes, analizarlos y resolverlos, está trabajando de manera opaca y arbitraria. No sabemos cuando sesiona, sus sesiones son secretas a ojos de la ciudadanía”.

Por otro lado, indicó que un 40 por ciento de las mujeres indígenas están en prisión sin sentencia, frente a 20 por ciento de hombres no indígenas que hablan español y 30 por ciento mujeres indígenas o no indígenas, pero que sí hablan español. “Es decir que hay más mujeres indígenas monolingües y sin sentencia en prisión”. 

En el caso de Yucatán,  detalló que la agrupación hizo solicitudes de información al Poder Judicial  relativas a las mujeres indígenas que han sido sentenciadas, sin embargo les contestaron que este órgano no tenía los datos desagregados por etnia. 

“No existen en los registros del Poder Judicial cuantas mujeres indígenas mayas han sido sentenciadas y porque delitos”, detalló. 

Esta falta de información no permite analizar de que manera se está criminalizando por el sistema penal a las mujeres mayas, concluyó. 

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