Con 80 intérpretes de lenguas indígenas dentro del catálogo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la titular de la Secretaría de Inclusión de Campeche (SEIN), Patricia León López, afirmó que estos no tienen certificación debido a la falta de un marco jurídico que pueda darles la imagen de intérpretes del estado, pero aseguró están gestionando ante la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dicho trámite de certificación y para finales del 2022 podrían tener 200 personas con la imagen jurídica de intérpretes de estado.
Esos intérpretes y traductores se encuentran en el catálogo del INPI, según León López, y son quienes han sido llamados por diversas instituciones como la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) o la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) para el apoyo de imputados o investigados, pero aún no tienen la calidad oficial de traductores.
Con esto, la funcionaria dijo que hay promesas de la fiscalía estatal para trabajar de la mano con otros organismos y cumplir en el tema de derechos humanos a las personas privadas de su libertad, así como al sector indígena, pues aseguró “es claro que requerimos de un mayor número de intérpretes, hay personas a las que les violaron su debido proceso y sus derechos al no ayudarlos con un traductor si no hablan español”.
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“Tenemos la promesa de Renato (Sales Heredia) de crear una vicefiscalía contra la discriminación y delitos de odio, pues bajo esos términos son la mayoría de las denuncias que los integrantes de estos grupos vulnerables realizan ante las organizaciones de procuración de justicia, incluso el licenciado Renato ha confirmado que anteriormente había discriminación en el interior de estos organismos, pues no querían abrir carpetas a favor de nuestros indígenas e incluso de los integrantes de la comunidad LGBTTTI”, aseveró la funcionaria.
En días anteriores, el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción a.c., dio una conferencia para dar los resultados sobre investigaciones en los Centros Penitenciarios de la entidad, destacando el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén, pues de los más de 800 reos, 100 son mayahablantes, pero hay más de 500 considerados indígenas que tienen irregularidades en sus procesos jurídicos.
Finalmente, León López mencionó que la apuesta es de 200 intérpretes certificados para finales de este año, bien pagados por sus servicios y con trabajos de la mano entre organismos públicos estatales.
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