La denuncia de la corrupción del pasado ha sido una constante en diversas esferas de la actual administración pública federal, de manera relevante en la presidencial mañanera, donde diariamente se suministran dosis para incentivar el enojo popular contra aquellos a los que se suele tachar de conservadores, neoliberales y traidores a la patria.
Las apasionadas arengas y las encendidas denuncias no han tenido proporcionalidad en cuanto al verdadero combate a esa corrupción, ni a la del pasado ni a la del presente (en este rubro, recuérdese, por ejemplo, que Ignacio Ovalle continúa siendo funcionario federal, a pesar de las cuantiosas pillerías cometidas en Seguridad Alimentaria Mexicana mientras él la dirigía).
En realidad, en lo que va del sexenio sólo han caído un par de peces verdaderamente gordos: Jesús Murillo Karam, a cuenta de la criminal construcción de la verdad histórica y Rosario Robles, hasta ahora sólo por un delito menor, omisión en el cumplimiento de sus responsabilidades como secretaria de Desarrollo Social que fue.
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Del jefe de ambos, Enrique Peña Nieto, cada vez menos referencias en el atril mañanero, e incluso el tratamiento deferente de “licenciado”, con agradecimiento explícito por no haberse metido en las elecciones de 2018, como si cumplir con lo que se debería hacer por obligación mereciera exculpaciones e impunidad por el resto de la delictividad cometida desde Los Pinos, es decir, el saqueo del país, el erario convertido en banquete de corrupción, según la narrativa de la 4T que no pasa de ahí.
Otro ejemplo clamoroso de incongruencia, de virtual pedagogía social de la política como medio de enriquecimiento corrupto sin castigo si el ladrón se acomoda a las necesidades políticas del poder en turno, tiene hoy como estrella a Alejandro Moreno Cárdenas, autodenominado Alito.
Hasta hace pocos días, el presidente nacional del PRI era una especie de ejemplo nacional de lo que no debe hacerse desde el poder y de lo que sería castigado sin duda alguna. Semanalmente se exhibieron audiograbaciones desde Campeche en las que Alito derrochaba lenguaje procaz, fórmulas para matar de hambre a periodistas, sistemas contables para ocultar riqueza malhabida y mentalidad de asaltante callejero ante arcas abiertas. Hasta TortuGertz hubo de medio agilizarse para iniciar investigaciones y en Campeche el fiscal estatal hizo aparatosas diligencias.
Pero, de pronto, la suerte y las consideraciones respecto a Alito cambiaron, al tender una alfombra tricolor para la continuidad de la Guardia Nacional bajo control de facto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Ah, la sabiduría priísta: ¿para qué “entramparse con leyes secundarias y controversias constitucionales? Nomás se cambia un 4 por un 8 en un artículo transitorio y la Guardia Nacional sigue bajo mando militar por cuatro años más, de 2024 a 2028”).
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Ayer, Alito, el coahuilense Rubén Moreira y otros diputados priístas se reunieron con el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, en el Campo Militar número uno. El desayuno de gala fue para hablar de la propuesta priísta de dar cuatro años más a la Guardia Nacional bajo carácter militar. ¿Cómo justificar que quienes van a decidir sobre el tema vayan pomposamente a los dominios de una de las partes en litigio legislativo, la Sedena, para hablar sobre una Guardia Nacional que hasta ahora la Constitución ordena sea considerada “de carácter civil”?
Una visión inmediatista, electorera, trata de justificar la reivindicación de Moreno Cárdenas y compañía como una “jugada maestra” para dividir a la oposición denominada Va por México. Está de moda justificar cambios de opinión como si no lo fueran, en realidad, de principios: Alito, el nuevo ´"paladín democrático", historial en vías de perdón y olvido; el PRI, revivido, reabastecido de discurso “patriótico” ya como aliado de la 4T. ¡Hasta el próximo lunes!
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Edición: Emilio Gómez
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