Opinión
La Jornada Maya
12/03/2025 | Mérida, Yucatán
“Vendo zapatos de bebé, sin usar”, es el cuento más triste, atribuido a Ernest Hemingway. “Hallé 800 zapatos de jóvenes desaparecidos”, parece ser la narración más contundente en respuesta, con la diferencia de que el infante del escritor estadunidense es ficticio, mientras que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco se topó con prendas que fueron de alguien que, con la ilusión de saberse con un empleo, terminó sus días en un campo de exterminio del crimen organizado.
El rancho Izaguirre, ubicado en ese municipio, es el teatro de esta tétrica escena y al mismo tiempo punto de investigación, como si se estuviera preparando a la ciudadanía para una escalada en el nivel de terror y pudiera encontrarse a más víctimas.
Por supuesto, el hallazgo ha puesto en la agenda pública dos interrogantes; la primera, si existen más narcocampamentos que a la vez hayan sido lugar de ejecuciones múltiples de personas reclutadas por los diferentes cárteles, y la segunda, si era posible que estos sitios operaran sin conocimiento de las autoridades. A esta última, la fiscalía de Jalisco respondió en forma temeraria que el sitio había sido inspeccionado en septiembre de 2024,
pero no se procesó todo porque eran “bastantes hectáreas”. A esto,
Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, indicó que no es creíble que esta situación no hubiera sido del conocimiento de las autoridades municipales y estatales. Menos si se tienen elementos para afirmar que el lugar llevaba operando más de 10 años, agregamos.
Y mientras, el horror sigue en el país. En otro punto, ahora la ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas, otro colectivo de madres buscadoras halló restos incinerados de al menos 14 personas. El descubrimiento es menor, pero lleva a interrogar cuántos narcocampamentos y sitios de ejecución operan todavía en el país, y cuántas víctimas han cobrado. La cifra que resulte, sea cual sea, será indignante. Esto porque estamos hablando de víctimas en diferentes niveles; lo mismo engañados con la promesa de un empleo bien remunerado que reclutados por la fuerza, que sujetos a trata; mexicanos y migrantes, hombres y mujeres por igual.
Agreguemos que en Tamaulipas, solamente en 2024, fueron encontradas 50 fosas clandestinas, con una cantidad todavía indeterminada de restos humanos.
Ahora, lo realmente aterrador es el número de grupos de buscadores de desaparecidos, conformados principalmente por mujeres, recorren el país. Cada nueva asociación lleva en sí el germen de la naturalización de la violencia, y el reconocimiento de que el Estado ha renunciado a una de sus principales funciones, que es proteger la vida de los gobernados y garantizar el derecho a ser buscado cuando se reporta una desaparición.
Es como si durante décadas, las autoridades hayan evadido una responsabilidad, recurriendo a la revictimización: “¡Quién sabe en qué pasos andaba!”, “¡seguro vio dinero fácil y se fue!”, entre otras frases que lastiman a quienes las escuchan, pero demeritan aún más a los funcionarios que las pronuncian.
Edición: Fernando Sierra
