El trabajo infantil constituye una problemática social compleja y multicausal, que se agudizó durante la pandemia, cuando registró un aumento importante, según lo muestran las cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi); ante ello, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Quintana Roo, junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), trabajan en eliminarlo, lo cual es difícil pues esta práctica es aceptada e incluso promovida, informó la directora estatal de SIPINNA, Norma Gabriela Salazar Rivera.
Salazar Rivera aseguró que este año es urgente que las autoridades intensifiquen los esfuerzos para prevenir y erradicar el trabajo infantil, puesto que este flagelo afecta a más de 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes en todo el país, y de lo que Quintana Roo no está exento.
Por ello en el estado se impulsa la instalación de las Comisiones Municipales para la Erradicación del Trabajo Infantil (CIETI) en los 11 municipios, con las que se pretende aplicar protocolos y programas enfocados al desarrollo integral de este sector de la población y que de manera interinstitucional están impulsando múltiples acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil en coordinación con los gobiernos federal, estatales y municipales.
La funcionaria destacó que los principales problemas para disminuir el trabajo infantil son que la actividad se ha normalizado, pues se promueve entre las familias “como una forma de preparar a las niñas, niños y adolescentes para la vida adulta, lo que provoca que sea aceptado socialmente e incluso promovido”.
Según el Inegi, en México durante 2020 se contaron 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes que trabajan, cifra que creció durante los últimos meses en un 16.5 por ciento, que representan más de medio millón de menores de edad insertos principalmente en el mercado laboral informal.
La directora del SIPINNA en Quintana Roo detalló que de los 3.3 millones de menores que trabajan, al menos 2.8 millones lo hacen dentro de la informalidad.
“Esto significa que los tres niveles de gobierno deben centrar parte de la agenda estatal en la prevención y erradicación del trabajo infantil, con la finalidad de disminuir considerablemente los factores que inducen a la población infantil y adolescente, o a sus familias, a salir de casa para trabajar”, dijo.
Gabriela Rivera indicó que se trata de una problemática compleja que se agudizó aún más con la pandemia por Covid-19 y encima se pusieron en riesgo los logros de las últimas décadas.
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