Esta Legislatura no tiene elementos para pedir una relección hasta por 12 años, apuntó Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, al respecto de la iniciativa de reforma constitucional promovida en el Poder Legislativo, y añadió que los diputados locales carecen de ética.
El pasado lunes la comisión permanente de la XVI Legislatura dio lectura a la iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la cual básicamente consiste en permitir la relección de diputadas y diputados hasta por cuatro veces consecutivas, es decir, 12 años.
Galaviz Ibarra citó que de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), el Congreso de Quintana Roo es uno de los más costosos y con menor eficiencia, e incluso es el sexto que destina mayor presupuesto por cada diputado, superior a la media nacional.
Explicó que si bien lo que orilló a que se realizaran reformas en el 2014 a nivel federal para dar paso a la relección por hasta cuatro periodos fue la queja constante de que no había tiempo para que los legisladores concretaran proyectos, en el caso de Quintana Roo ya se aplicó en el proceso electoral pasado y resultó la relección de tres diputados: dos por la vía de representación proporcional (Eduardo Martínez Arcila, de Acción Nacional y José de la Peña Ruíz de Chávez, del Partido Verde Ecologista de México) y una por elección (la diputada Tyara Scheleske de Ariño del PVEM).
Galaviz Ibarra dijo que este principio aplica a quienes ya conocen el trabajo legislativo, no quienes buscan “aprender sobre la marcha”; sin embargo, acotó que desde hace seis años que evalúan las labores de legislación y llama la atención que quienes menos eficiencia han tenido son justamente los integrantes actuales.
“Se retrocedió en el manejo de la transparencia y rendición de cuentas, no hay una atención adecuada a los problemas de las sociedades, no hay defensa a la mujer, no hay actividad política, y no ha sido el Congreso un poder independiente para ejercer un balance entre los poderes del estado, entonces cuando surge esta información consideramos que esta legislatura no tiene los elementos probatorios como para pedirlo”, puntualizó.
Abundó que en caso de aprobarse la iniciativa con la mayoría de los diputados, que son quienes la presentan, podría presentarse una acción de inconstitucionalidad por violar los procedimientos, puesto que los firmantes lo hacen en calidad de presidentes de comisiones, pero éstas no sesionaron para ello; mencionó también que los ayuntamientos podrían rechazar la reforma.
Edición: Estefanía Cardeña
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