En conferencia de prensa, Adriana Velázquez Morlet, directora del Centro INAH Campeche, afirmó el pasado viernes que 30 por ciento de las casonas intramuros del Centro Histórico de Campeche (360 inmuebles) está en condiciones graves y con estatus de urgente intervención, esto de un universo de mil 200 inmuebles considerados como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La funcionaria federal sostuvo que son los propietarios los responsables del mantenimiento y atención a sus bienes, en el caso del incidente, y que los dueños ya habían sido notificados.
De manera extraoficial, empleados de los restaurantes situados en el Corredor turístico de la Calle 59, a la vuelta de la casona que cayó el miércoles, afirmaron ver trabajos de atención una semana previa a lo ocurrido, y detallaron que a raíz del corte de un enorme árbol en el interior del inmueble se comenzó a desmoronar por dentro el sitio pues, aparentemente, no colocaron vigas de detención a los muros, señalaron los empleados.
Velázquez Morlet detalló que están trabajando en dictámenes de riesgo para estas 360 casonas que están siendo monitoreadas y vigiladas para evitar incidentes similares, pues reconoció los procedimientos a seguir para los permisos de remoción y pintura, así como reconstrucción y modificaciones a la infraestructura, son muy difíciles y dijo que no es por burocracia, sino por determinaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Además, afirmó podrían solicitar la demolición del lugar del incidente en caso de que el dictamen de ese edificio en específico sea lo más viable, demolición que quedaría en manos de los dueños y la reconstrucción del edificio deberá ser idéntica a la que tienen en registro del inmueble, de lo contrario se suspendería la obra.
En temas legales, reconoció que los dueños al estar notificados de la situación de su bien y no actuar a tiempo, las consecuencias podrían llegar a una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR); sin embargo, el jurídico del Centro INAH Campeche, Jorge Alberto Aguilar Montero, afirmó esto no era lo que debía hacerse, es decir, la denuncia vendría en responsabilidades y lo que debe hacerse en realidad es sensibilizar a los dueños de cada inmueble dañado.
Respecto a los cuestionamientos sobre el protocolo de permisos y la queja de propietarios sobre lo tedioso de los procedimientos, Velázquez Morlet dijo es lo que está en la ley, y tendría que modificarse desde el Congreso de la Unión y, por lo pronto, para dar más celeridad están reuniéndose representantes de la alcaldía de Campeche, gobierno del Estado y el INAH para unificar reportes y dictámenes de riesgo.
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Edición: Estefanía Cardeña
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