En reunión con el subsecretario de la Secretaría de Gobierno, Hugo Calderón, apicultores de Crucero San Luis y San Francisco Suc Tuc acusaron que el gobierno de Campeche tenía 30 días para dictaminar algún daño ambiental y darle seguimiento a las denuncias según la ley, y tras casi tres meses de la primera denuncia -el 18 de abril- las autoridades siguen sin realizar acciones que controlen o erradiquen el uso excesivo de agroquímicos.
El recuento de los daños demuestra que 3 mil 500 colmenas en 100 apiarios, millones de abejas muertas y otros polinizadores, y pérdidas por más de 12 millones de pesos, podrían generarle problemas a las más de 90 familias afectadas desde abril pues con la venta de miel invertían en otras actividades agrícolas y realizaban sus presupuestos de auto alimentación con cultivos de traspatio.
También resaltaron el tema de la salud, pues aseguraron que hoy sufren enfermedades que hace décadas no había, entre ellas cálculos renales y temas relacionados con enfermedades crónico-degenerativas. Por ello, recordaron que cuando se dio el tema con el uso de los transgénicos, y prohibieron la utilización del glifosato fue por estudios realizados por un investigador, quien demostró la presencia de ese químico en el agua, los cultivos y en la sangre de los pobladores.
Señalaron que salieron de un mal para que les echen otro, respecto a los agroquímicos usados de manera intensiva para evitar malezas y plagas, así como resistencia a ciertos tipos de clima, pues el plan de las empresas transnacionales es llevar cultivos no propios de algunas zonas geográficas, tal como se hizo históricamente con el intercambio de semillas entre los viajeros.
Sobre el tema de los polinizadores, los apicultores reconocieron que en la zona afectada no sólo hay abejas realizando esta actividad, sino también otros insectos que resultaron dañados, así como aves y otras especies dedicadas a regar por el aire polen, por ello, prevén un posible desequilibrio ecológico que pudiera generar pérdida del macizo forestal a futuro.
El diputado priísta Ricardo Medina Farfán lamentó el desinterés del gobierno estatal y su omisión ante "un caso tan grave", que si bien ya habían sucedido cuestiones similares anteriormente, hoy pega más porque se ha dicho que los gobiernos deben tener más y mejores estrategias de desarrollo agropecuario y se mantienen las mismas prácticas descontroladas para los cultivos y ganaderías.
Finalmente, demandó a los ciudadanos hacer lo propio, vigilar y continuar en la práctica de denuncias para que desde la sociedad civil impere la seguridad y salud para los campechanos
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