En la novena sesión ordinaria el Pleno aprobó por unanimidad disminuir la edad requerida a las personas que aspiren a ser electas como Síndico o Regidor de un Ayuntamiento o Junta Municipal, pasando de 21 a 18 años cumplidos el día de la elección. Dicha reforma fue promovida por la diputada independiente, Abigail Gutiérrez Morales y el diputado César Andrés González David, del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Lo anterior, debido a la iniciativa para reformar la fracción III del artículo 103 de la Constitución Política del Estado de Campeche, dictaminada por la Diputación Permanente, quienes determinaron, “resulta jurídica y constitucionalmente viable disminuir en nuestra Carta Magna local la edad mínima para ser electo componente de un Ayuntamiento o Junta Municipal, específicamente en los casos de síndicos y regidores, con el propósito de garantizar el derecho a la participación política de los jóvenes, pues con ello se reconoce que las personas a partir de los 18 años están en aptitud de ejercer sus derechos políticos en aras de respetar la igualdad de oportunidades y la reciprocidad, pues en ellos recaen obligaciones derivadas de su calidad política”.
La presidenta de la Mesa Directiva, Irayde Avilés, instruyó a la primera secretaria, remitir a los Ayuntamientos de la Entidad, en su carácter de integrantes del Poder Revisor de la Constitución Local, copia del resolutivo para su conocimiento y en su caso, aprobación por los Cabildos respectivos.
En el mismo sentido de la votación, las y los diputados avalaron un Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia, relativo a una iniciativa para reformar el párrafo primero y las fracciones I y II del artículo 18 de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado, promovida por el diputado Jorge Luis López de Morena.
Por lo que se establece que, corresponderá a la Secretaría de Gobierno realizar las acciones para promover el derecho al trabajo digno de las personas con discapacidad, por encontrarse entre sus atribuciones el instrumentar políticas y acciones que mejoren las condiciones laborales de las mujeres, los menores y los grupos en situación de vulnerabilidad en el Estado.
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