Campeche: el reclamo ciudadano

Este fin de semana marcó una nueva área de oportunidad para el gobierno de Campeche. Sin embargo, el tema resulta sumamente sensible para la actual administración, tal vez por cuestiones personales. Ahora bien, a nivel institucional, la preocupación va más allá de lo inmediato y repercute en el ámbito nacional.

Anteriormente se ha mencionado en este mismo periódico que la actual crisis en materia de seguridad por la que atraviesa esa entidad, a raíz del operativo fallido de extracción de reos en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén, durante el cual resultaron lesionados 30 policías. 

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El paro de los policías adscritos a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), está próximo a cumplir un mes. Y si bien los agentes han mantenido un dispositivo de patrullaje y guardias que de alguna manera ha permitido resguardar el orden en todo el estado, lo cierto es que la ciudadanía se encuentra inconforme con la situación que priva entre quienes deben resguardar el orden público.

El paro de los policías ha tenido repercusiones en el orden público y también ha impactado en las campañas electorales que tienen lugar en este momento. De manera inmediata, el Poder Judicial de ese estado ya presentó un escrito dirigido a varios funcionarios estatales, en el cual solicita la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional, a fin de garantizar la seguridad de los campechanos a causa del descontento de los policías con sus mandos superiores.

La solicitud, suscrita por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, Virginia Leticia Lizama Centurión, admite que la ciudadanía campechana se encuentra en la incertidumbre, ya que ignoran si los agentes de la policía estatal brindan el servicio de recorrido, y por lo tanto requiere el apoyo en la guardia y custodia de quienes resulten detenidos por actos presuntamente delictivos, a fin de garantizar también el derecho de los campechanos a un acceso a la justicia y seguridad adecuados.

Algo muy grave debe existir en la percepción del Poder Judicial de Campeche para que se solicite el apoyo de la Guardia Nacional, en el entendido de que la ciudadanía desconoce si los agentes de la Policía están brindando el servicio de vigilancia como es debido y si cuando detienen a alguien por algún presunto delito están cumpliendo con el procedimiento establecido para ponerlo en custodia de las instancias correctas, como sería la Fiscalía que a su vez debería acudir ante un juez de control.

El hecho de que el Poder Judicial haya recurrido a la Federación para intentar dar una solución a la crisis de seguridad que priva en Campeche es un ingrediente más que contribuye a la percepción de que en dicho estado se ha perdido la capacidad de mantener el orden y que se ha dejado el campo libre a la delincuencia con tal de que la titular de la SPSC, Marcela Muñoz Martínez, continúe en el cargo, cuando la gobernadora, Layda Sansores San Román, ha cesado a varios funcionarios de su gabinete.

Este sábado, alrededor de 10 mil campechanos participaron en una “mega marcha ciudadana” en apoyo al paro que los policías estatales vienen realizando desde el 16 de marzo. Ni la marcha, ni el paro, que está por cumplir un mes, han perdido significación; por el contrario, los números dejan ver que los campechanos se convencen cada vez más de que los policías carecen de condiciones laborales dignas y su preparación es insuficiente para hacer frente a un aumento en la incidencia delictiva.

La participación en la mega marcha es también un reto al discurso de la gobernadora, quien ha afirmado que detrás del movimiento de los policías se encuentran personajes como el ex gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y el ex alcalde capitalino Eliseo Fernández Montufar, hoy candidato al Senado por Movimiento Ciudadano (MC). Difícilmente entre ambos se pueda reunir la cantidad de dinero necesaria para comprar las conciencias de quienes asistieron a la manifestación y, por el contrario, son muchos más los que han tomado en consideración las denuncias de los agentes del orden en cuanto al equipamiento con que cuentan y las condiciones en que deben laborar.

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El principal reclamo sigue siendo que a las policías adscritas al programa Mujer Valiente se les haya enviado a la vanguardia, sin cascos, escudos y armamento adecuado para la extracción de presos. Agreguemos que su capacitación es para apoyar a otras mujeres, víctimas de violencia de género. En otras palabras, porque el operativo se ejecutó sin considerar quiénes eran los agentes mejor preparados para llevarlo a cabo, lo que constituye una negligencia grave que puso en riesgo las vidas de las policías y un riesgo innecesario para los demás agentes.

Mientras, el asunto persiste sin visos de una solución pronta por parte de la gobernadora, quien a través de un desplegado insiste en que Marcela Muñoz enfrenta una rebelión de sus subordinados, cuando la raíz del problema se encuentra en un operativo mal planeado y peor dirigido, que condujo a la pérdida de confianza en el mando superior. La crisis campechana ya ha impactado en el ámbito nacional y se ha convertido en un cuestionamiento directo al modo en que los gobiernos emanados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) son capaces de manejar la seguridad a nivel local, y por lo pronto, la percepción de la ciudadanía va en contra.

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Edición: Fernando Sierra