Lorenzo Chim
Un juez de Distrito de Campeche otorgó un amparo a todos los policías que se encuentran en protesta desde hace 19 días para impedir que sean detenidos, suspendidos o sufran algún otro tipo de sanción, incluyendo la suspensión del pago de sus salarios.
En asamblea informativa realizada este día en las instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, el diputado federal por Morena José Luis Flores Pacheco y el diputado local priista Ricardo Medina Farfan dieron a conocer la suspensión provisional concedida por el juez de Distrito mediante el cual se ordena incluso cesar todo acto de hostigamiento, represión o intimidación en contra de los sublevados.
En medio de gritos de júbilo de los policías por esta protección judicial a su movimiento, ambos legisladores precisaron que si alguna autoridad estatal o federal viola el amparo concedido incurrirá en faltas a la ley que podrían derivar en su destitución.
Destacaron que la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, debió ser suspendida de sus funciones desde el momento mismo que se abrieron las investigaciones por el fallido operativo efectuado en el penal de San Francisco Koben en que se puso en riesgo la vida de más de 280 elementos que fueron enviados a enfrentar un amotinamiento sin los equipos e implementos necesarios y poniendo al frente del contingente a mujeres policías.
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Por otro lado, la presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche, Ligia Rodríguez Mejía, entregó un oficio a los policías inconformes para que acepten reanudar las mesas de diálogo para llegar a una solución. También reiteró en entrevista que las investigaciones de este organismo concluyeron que sí hay responsabilidad de Muñoz Martínez en el fallido operativo en el penal de San Francisco Koben y solicitó al gobierno del estado aplicar las medidas cautelares, las cuales se cumplieron parcialmente pues la funcionaria no fue suspendida para que continúen las investigaciones.
El secretario de Gobierno, Armando Toledo Jamit, aceptó el exhorto de la Comisión de Derechos humanos para restablecer las mesas de diálogo y pidió a los policías a responder en el mismo sentido.
Sin embargo, ayer por la noche el director jurídico de la SPSC, Juan Manuel Chavarría Soler, entregó dos circulares o avisos a los inconformes para que los agentes estén enterados de la designación de la Academia de Policía como sede alterna, en tanto queda resuelto el conflicto y les ordenan entregar todas las patrullas, motocicletas y demás implementos.
Un vocero de los sublevados señaló que esa medida contradice el supuesto llamado al diálogo pues los obligan a reportarse a la nueve sede oficial de la SPSC a fin de que de no acudir les levanten actas por ausencia laboral y al quitarles las patrullas y equipos les impedirán cumplir con sus labores de vigilancia las cuales insistieron, jamás se han suspendido.
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