Especial 'Mariposas': Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer
La violencia contra las mujeres en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los tres estados de la península de Yucatán, avanza de forma desproporcional en comparación con las sentencias condenatorias a los agresores, cuyas sanciones se otorgan en menor medida que el registro de los feminicidios en la región.
De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la península de Yucatán de 2017 a la fecha se contabilizan 144 feminicidios: 32 en Campeche, 33 en Yucatán y 79 en Quintana Roo. Sin embargo, información obtenida mediante una solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) señala que en el mismo periodo existen apenas 59 sentencias condenatorias por el delito de feminicidio, incluso abarcando casos por resolver en años anteriores.
Esto quiere decir que el número de feminicidios incrementa año con año, pero el acceso a la justicia no avanza al mismo ritmo y las carpetas de investigación por este delito se quedan estancadas mientras los asesinatos de mujeres no se detienen.
“Esta cantidad de sentencias es un mal mensaje, es no reconocer lo que implica la violencia. Son irrisorias las penas, porque al final es como una carta abierta a cometer estos delitos”, advierte María de la Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
En Campeche, de 2017 a la fecha se abrieron 32 carpetas de investigación por el delito de feminicidio. En el mismo lapso se consiguieron 23 sentencias condenatorias a feminicidas, tomando en cuenta que pudieron ser casos de años anteriores, pero que el Poder Judicial no aclaró a qué expediente corresponde cada sentencia.
El Poder Judicial campechano entregó una respuesta parcial a la petición que solicitaba el detalle sobre la pena otorgada en cada sentencia por lo que se desconoce las penas mínimas y máximas que ha otorgado por este delito.
Yucatán debe visibilizar las violencias: OCNF
En Yucatán, el SESNSP reporta 33 feminicidios de 2017 al último corte de octubre de 2022, mientras que en el mismo lapso sólo registra 7 sentencias condenatorias por el delito de feminicidio.
Estas sentencias incluyen un caso de 2016 y las penas van de los 35 a los 50 años de prisión.
“En el caso de Yucatán, que es un estado que no tiene niveles tan altos de feminicidio, pero que tiene que visibilizar las violencias, o sea, si las mujeres se salvan se tiene que nombrar la violencia feminicida porque si tú la reduces a lesiones o violencia familiar no vas a proteger a la mujer de una violencia mayor, entonces los obstáculos vienen porque la autoridad en sí no está usando una perspectiva de género, que implica no visibilizar las violencias que puedan poner en riesgo la vida de las mujeres, que es importante para prevenir”, dijo la activista.
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En Quintana Roo, de 2017 a la fecha hay 79 casos de feminicidio frente a 29 sentencias condenatorias por este delito.
El Poder Judicial quintanarroense no especificó a qué caso corresponde cada sentencia, pero las penas van de los 4 a los 50 años de prisión.
De hecho, existen tres sentencias condenatorias a cuatro años y dos a cinco años de prisión por el delito de feminicidio.
“Es una vergüenza, son sentencias ridículas. Estamos frente a un problema de cómo están juzgando los jueces y las juezas, si estás ante un feminicidio, cuatro o cinco años no son nada, es un delito grave, atenta contra la vida, contra la libertad, contra la integridad y es muy importante cómo se juzga. Estamos hablando de procesos que tardan a pesar de estar en el nuevo sistema de justicia penal y por eso luego acaban desistiendo las víctimas.
“Hay un desgaste emocional; el feminicidio afecta a la familia, tiene costos económicos, realmente es un impacto fuerte y las autoridades que administran la justicia no lo hacen debidamente, la verdad es que es una carta abierta a cometer estos delitos porque la condena es mínima”, alerta María de la Luz.
La activista especialista en la investigación del feminicidio en el país destacó que es el Poder Judicial el responsable de garantizar la justicia a las mujeres víctimas de violencia, incluso si las procuradurías y fiscalías no cumplen con su labor.
Poder judicial, el responsable de la no impunidad
María de la Luz recordó que los jueces y juezas están facultados para redireccionar las investigaciones que no tengan los elementos suficientes para lograr la vinculación de los presuntos responsables.
“Las fiscalías no realizan las investigaciones, no tienen perspectivas de género, violentan el debido proceso, revictimizan, entonces el Poder Judicial debe rencauzar”, dijo.
A pesar de todos los resultados negativos, la directora del OCNF considera que toda la lucha en algún momento logrará reducir y erradicar las cifras de violencia contra la mujer.
“La ruta de la impunidad sigue siendo el gran desafío para la justicia a las mujeres en todo el país y nosotras seguimos apostando a las obligaciones que tienen los estados sobre los casos de violencia donde tienen que generar la infraestructura y la estructura. Tenemos grandes desafíos culturales, en la procuración y administración de justicia y la ruta es larga”.
Estrada Mendoza recordó que son las mujeres quienes están accionando y buscando justicia.
“Las mujeres están actuando, están señalando, si la autoridad no lo hace, nosotras sí. Como decimos: nos van a ver juntas porque estamos logrando que la ciudadanía se movilice y obligue a la autoridad a que cumpla sus obligaciones”, manifestó.
Este 25N La Jornada Maya trae a sus lectores el especial ‘Mariposas’ para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer:
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