Especial: Derecho a decidir
Katia Rejón
En un mundo justo y sensato, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de penalizar el aborto en México y la invalidación de la objeción de conciencia, traerían cambios inmediatos. Primero, una adecuación de los Códigos Penales de los estados que todavía criminalizan el aborto voluntario y una capacitación en los hospitales públicos para erradicar la violencia que ejerce su propio personal. Esto último es urgente desde que se aprobó la Norma 046, la cual establece —entre otras cosas— que la interrupción legal del embarazo es un derecho para víctimas de violación, capacitación que seguimos esperando desde 2005.
Contrario a las expectativas optimistas, la decisión ha generado mutismo en los congresos o un rechazo abierto por parte de médicos, diputados y personas que se autodenominan “provida”. Así como espacios mediáticos o institucionales que siguen pidiendo la opinión de personas que no pueden diferenciar a un bebé nacido y lozano de un producto de cinco centímetros. Con eso queda claro que no vivimos en ese mundo justo y sensato.
Sin embargo, la decisión unánime del máximo órgano de justicia sí tiene un impacto sumamente positivo para los derechos sexuales y reproductivos. No sólo porque las mujeres ya no pueden ir a la cárcel por el delito de aborto, también porque las acompañantes y organizaciones de derechos humanos (las que están haciendo el trabajo que le corresponde al Estado) tampoco deben ser criminalizadas.
Hace apenas unos meses, la médica A. S. González de Puebla se enfrentó a una denuncia interpuesta por un grupo “provida” (hostigadores de víctimas y activistas) por “promover el aborto”. Llevaba seis años como acompañante de interrupción del embarazo, es decir, prestando su tiempo y su conocimiento como médica para las mujeres que desean abortar de forma segura en casa. El grupo antiderechos difundió información sensible y privada, por lo cual ella recibió amenazas y acoso.
Tanto es el desconocimiento de la ley y la realidad del aborto por parte de estos grupos que la denunciaron por algo que no es delito. Acompañar un aborto, que para nada es lo mismo que practicarlo, no es delito. A estas alturas ya se debería saber que las mujeres abortan con métodos seguros de quinta a la novena semana y que estos métodos, aun en la clandestinidad, están reconocidos por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).
En marzo de este año, la FIGO organizó una discusión sobre “Acceso al aborto con medicamentos y al aborto autogestionado”, en el que estuvieron presentes miembros de las Naciones Unidas (ONU). Durante esa conferencia, el doctor Bela Ganatra reafirmó “que el uso de tabletas de aborto con medicamentos, mifepristona y misoprostol, es una práctica extremadamente segura y eficaz tanto en países de ingresos altos como en países de ingresos bajos. Las complicaciones con el uso de mifepristona y misoprostol son muy raras y la muerte es casi insignificante, y en los casos en los que la mifepristona no está disponible, el misoprostol podría usarse solo”.
En entrevista, M., estudiante de enfermería y acompañante de aborto en Yucatán, dice que hasta ahora todos los abortos realizados por su colectiva han sido seguros y sin complicaciones, pero siguen arrastrando la criminalización por su labor. “A veces es agotador emocionalmente. Estás en una situación de incertidumbre. En la colectiva no hemos querido hacer público el acompañamiento y quienes acuden son recomendadas por personas de confianza”, agrega.
La razón por la que no dicen abiertamente que hacen acompañamientos de aborto es porque existe mucha desinformación al respecto. Ellas utilizan el procedimiento que está en los manuales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que pueden realizarse sin intervención médica hasta la novena semana. Después de ese tiempo, las mujeres ya necesitan un acompañamiento profesional para la Aspiración Manual Endouterina, el procedimiento seguro para los embarazos a partir de la semana nueve.
A diferencia de muchos médicos, las acompañantes generan un ambiente de seguridad y empatía. M. dice que el primer impulso de las personas que acuden con ellas es justificarse o explicar por qué están interrumpiendo el embarazo, pues tienen interiorizada esa criminalización.
“Nosotras les decimos que no le deben explicaciones a nadie. Es una decisión que va a determinar muchas cosas en el futuro y a largo plazo. Sólo les va a afectar a ellas. La institución (de salud) ha fallado mucho, pues a pesar de la Norma 046 en Yucatán no se presta este servicio con facilidad”.
Añade que aún existen mitos alrededor del aborto clandestino que no siempre es sinónimo de aborto inseguro. Los procesos de interrupción del embarazo han cambiado mucho y —en los mejores escenarios— no se parecen en nada a los legrados que sí tienen consecuencias en el cuerpo de las mujeres. Cuando se detecta tempranamente el embarazo, es posible interrumpir con pastillas, aunque se necesita una serie de condiciones para que no haya complicaciones: saber el número de semanas exactas, que no sea un embarazo ectópico y seguir el procedimiento al pie de la letra.
“Hay muchas que lo hacen solas. Hay quienes van a estar acompañadas”, explica M.
Por eso es urgente reconocer la labor que hacen organizaciones como Medicina por el derecho a decidir, Fondo María, Necesito abortar y Morras help morras, que no esperaron a la Corte para acompañar a las mujeres en su derecho. A diferencia de los hospitales, estas organizaciones generan espacios seguros: aunque los médicos “provida” no tienen forma de saber si un aborto fue inducido o espontáneo, igual denuncian a las mujeres que acuden por una emergencia obstétrica. Es muy grave que el mismo lugar que debe velar por el derecho a la salud sea el recinto donde más obstáculos hay para una atención con perspectiva de derechos humanos.
De hecho, las acompañantes entrevistadas han atendido mujeres que, por las condiciones de su embarazo, podrían solicitar un aborto legal en un hospital público porque entra en las causales de exclusión en el Código Penal del estado. Y aun así, prefieren hacerlo en compañía de una organización de derechos humanos.
Sin embargo, esta solución no alcanza ni es definitiva. El perfil de las mujeres que acuden y saben de las opciones de acompañamiento es limitado. Son mujeres que tienen conocidas feministas, casi siempre de la capital, que detectan su embarazo tempranamente, están pendientes de su ciclo y conocen su cuerpo. “Eso ha facilitado que sean interrupciones seguras para ellas. Pero es preocupante porque no significa que otras mujeres no necesiten ese servicio sino que no tienen canales para acceder a él”.
Para M. la decisión de la Corte es un avance, pero el movimiento antiderechos continúa compartiendo desinformación, mitos, prejuicios e información sensacionalista.
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