Colectivos de feministas señalaron que en el país hay más de 200 mujeres presas por abortar debido a la aprobación de las leyes antiaborto “impulsadas por la ultraderecha".
Sin embargo, aseguraron que hay más mujeres que han sido acusadas con la agravante de homicidio en razón de parentesco, pues estimaron que aproximadamente son 750 las presas en esta condición, cumpliendo sentencias severas de hasta 30 años, aun cuando muchas de ellas sufrieron abortos espontáneos dadas sus condiciones de precariedad y de jornadas extenuantes de trabajo, señalaron.
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En conferencia vía remota, recordaron que de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), existen más de 432 carpetas de investigación abiertas contra mujeres por abortar entre enero y julio de este año.
“En México, antes de estos avances sobre la despenalización, se calculaba que se llevan a cabo entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos, y que era la cuarta causa de muerte materna”.
Al respecto, dijeron que la resolución de la Suprema Corte ha sido un triunfo del movimiento feminista, de las colectivas, las organizaciones de mujeres sindicales democráticas y políticas que no han dejado de luchar en las calles y de impulsar iniciativas para que deje de criminalizarse a las mujeres y personas gestantes por abortar.
Sin embargo, agregaron, la despenalización no implica que el Estado regule u otorgue dicho servicio para que la práctica sea segura.
“Para que el aborto sea un derecho, es necesario que no esté penalizado, pero, esto sólo significa un primer paso. Por ello ahora llamamos a seguir movilizadas para lograr la legalización del aborto en todo el país, lo cual significa que el Estado debe asumir la responsabilidad de enfrentar esta problemática como una cuestión de salud pública, que requiere presupuesto para realizar, sin ningún impedimento, los procedimientos que permitan garantizar nuestro derecho a decidir, así como servicios de salud sexual y reproductiva".
“De no ser así, el aborto seguirá siendo un problema de salud pública y de desigualdad social, ya que seguirán siendo las mujeres precarizadas y las personas gestantes las que se vean obligadas a acudir a clínicas clandestinas e insalubres, poniendo en riesgo su salud y sus vidas. No nos conformamos con que el aborto pase de ser clandestino a precario”.
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