La comercialización, almacenamiento, usurpación de identidad, amenazas y grooming son aún temas pendientes en el marco legal que sanciona la violencia digital en Quintana Roo, aunque pueden enmarcarse en otros delitos dispuestos en el Código Penal. Lo que es un hecho, es que el estado avanza de manera importante en el combate de este tipo de delitos, reconoció Analia Veccar, del colectivo Defensoras Digitales e impulsoras de la Ley Olimpia en la entidad.
El 5 de septiembre de 2020, cuando la XVI Legislatura del Congreso del estado aprobó la denominada Ley Olimpia, dejó pendientes varios puntos, como el tema de usurpación de identidad, que es cuando utilizan un nombre para crear un perfil en Instagram u otra red social y a través de ella dicen que tienen sus packs, explica Analia Veccar.
La activista destaca que también hay otros temas, como la comercialización y almacenamiento, pero que de alguna manera se han logrado incorporar en otros delitos que considera el Código Penal del estado, como el de extorsión o falsa identidad.
“Por ejemplo que te amenacen de que van a distribuir tu fotografía no se penaliza, tiene que haber el delito, entonces mientras tengas una amenaza no va a ver delito, eso también nos falta y estamos en camino de presentar esa parte y le vamos a sumar todo lo de grooming”, detalló.
Analia Veccar recordó que apenas hace unas semanas se generó la primera vinculación a proceso de un agresor que distribuyó las fotografías de su ex novia en una comunidad del municipio de José María Morelos.
“Imagínate, en donde todos conocían a la chica, una chica sumamente valiente, increíble que alzó la voz apoyada por su familia, que es algo sumamente importante en este tipo de violencia, sobre todo en violencia de género, que todo mundo te apoye. Sin embargo está tan estigmatizada la violencia digital sexual, porque lo primero que te dicen es que porqué estás enseñando fotografías desnuda y es tu propia familia la que te lo dice”, sostuvo.
Y es que pareciera que socialmente es más aceptado decir “la golpearon” que admitir que existe la violencia digital, aunque también afecte emocionalmente a la víctima e incluso la lleve a pensar en el suicidio. “Porque imagínate, todo el pueblo está viendo tu fotografía y riéndose de ti y burlándose y criminalizándote”, dijo la activista.
En el caso de la joven de José María Morelos, contactó al colectivo a través de Abogadas Digitales, hizo todo el proceso de denuncia y se logró integrar la carpeta en parte gracias al apoyo de la Unidad de investigación Cibernética de la Fiscalía General del Estado.
Además, la entrevistada recordó que en agosto de este año se iniciaron las primeras carpetas de investigación por extorsión digital, logrando la vinculación a proceso de dos sujetos que amenazaban a sus víctimas con difundir contenido íntimo.
Anticipó que firmarán un convenio de colaboración con la Fiscalía sobre el tema de violencia digital sexual, particularmente con la Unidad de Investigación Cibernética, que se conforma por un grupo de mujeres.
Sin embargo, reconoce que aún se requiere capacitación sobre este tema, pues no solamente es quien investiga “sino quien recibe la denuncia, atención temprana”, por lo que reconoce que ha habido interés de la Fiscalía General en profesionalizarse.
El objetivo de este trabajo colectivo es que no se revictimice a las mujeres que sufren violencia digital sexual por parte de la sociedad.
“Que no se les criminalice y que entendamos que la sexualidad es libre y que cada ser humano es libre de vivirla de la manera más placentera y cómo nos gusta vivir, al final si tú envías una fotografía pues estás conociendo a la persona a la que envías la fotografía, entonces quien la difunde es el agresor, porque está rompiendo un trato que tenía con su pareja”, puntualizó Analia Veccar.
Afirmó que en medio de la pandemia, el contacto digital se ha incrementado y lo importante es la reconstrucción social.
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